Tobar Leiva, Manuel2012, 736 páginas9789563461350Thomson Reuters
Las administraciones regionales tienen por misión el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades en su jurisdicción territorial. En la consecución de dicho objetivo son permanentemente confrontadas a las realidades internacionales y nacionales que la influyen determinantemente. El autor sostiene que el perfeccionamiento del modelo de descentralización administrativa regional pasa por fortalecer sus competencias para enfrentar las exigencias de la globalización, y por su democratización a fin de dotar de simetría al conjunto de las instituciones políticas en torno a los principios democráticos.
En la parte histórica, recoge los hitos relativos al centralismo que demuestran la profunda la huella marcada por la experiencia federalista de 1826 en la dirigencia política y su férreo consenso histórico alrededor del Estado Unitario y el Régimen Presidencial, hecho que uniformó al país y sofocó por 167 años la evolución de la administración intermedia del Estado. El autor afirma que esa huella sigue presente, pues todos los proyectos de la administración intermedia incluidos los gobiernos regionales de 1992, tienen como sello emblemático del poder central, la intrusión del Intendente en la institucionalidad regional.
El autor plantea que la reforma constitucional introducida por la ley Nº19.097 es un punto de inflexión en nuestra continuidad histórica, pues el país muta desde la desconcentración hacia la descentralización administrativa regional dotándola de una autonomía constitucional relativa. Señala que Chile ha vivido 13 años de desconcentración regional y 18 años en el marco de la descentralización administrativa, tiempo a su juicio suficiente para el perfeccionamiento gradual de esta experiencia inconclusa. Su planteamiento se basa en los requisitos que la doctrina del derecho administrativo y comparado comprende para las administraciones subnacionales, como son, las elecciones de sus autoridades, la autonomía financiera y la prestación de servicios dentro del marco de sus competencias. El autor defiende que el cumplimiento de estos requisitos no cambia la naturaleza jurídica del Estado unitario, ni para satisfacerlos se requiere una descentralización política, que contiene principalmente descentralización legislativa y el gobierno interior.
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