Páginas 477
En Chile, el estado de la dogmática relativa a la competencia, en su Parte General, presenta cuatro áreas con problemas de elaboración. En primer lugar, presenta problemas de rotulación. En segundo lugar, se estudia con los criterios del Derecho Penal Liberal (DPL) que trabaja con una teoría general del delito basado en el delito de resultado. En tercer lugar, cuando utiliza alguna concepción moderna del DPC lo hace aceptando la visión economicista, con absoluta omisión de la visión penalista, que será la que adoptaremos por nuestra parte. En cuarto lugar, estos déficits, a su vez, causan una deficiente conceptualización. En suma, todos los problemas anteriores inciden en un deficiente diseño de la institucionalidad de cumplimiento. La finalidad del DPC es proteger la identidad democrática de la sociedad mediante el castigo de los abusos del poder económico. Sin embargo, su mayor debilidad para cumplir adecuadamente esta función ha provenido de las dificultades que ha debido enfrentar derivadas de las limitaciones a su campo de acción, las que proceden de dos fuentes: por una parte, la doctrina ha tendido a ser reformulada y reducida a una conceptualización predominantemente económica, que pretende asentar los criterios de interpretación sobre la base de la eficacia, esto es, consideraciones relativas a bajas de costos y, en consecuencia, permitiendo la existencia de monopolios “buenos”. Por otra parte, y quizás la más importante fuente de debilidad del DPC proviene de las habilidades del propio poder económico para elaborar fórmulas y situaciones fácticas que le permiten evitar el control penal respecto de las tendencias hacia la concentración económica. Este libro busca contribuir a la investigación del DPC y, de ser posible, proponer instrumentos que fortalezcan su importante función en la sociedad postindustrial.
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